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Boletín de prensa 18 de febrero de 2011
EL TIEMPO
DEBATIRAN EN EL CONGRESO EL MALTRATO ANIMAL
Senador Camilo Sánchez Ortega liderará el foro nacional e internacional contra el maltrato animal.
El evento contará con la participación de Leonardo Anselmi, activista que lideró la histórica prohibición contra las corridas de toros en Cataluña (España).
El evento se llevará a cabo el 24 de febrero en el auditorio Luis Guillermo Vélez, del Congreso, y a él también asistirá la magistrada de la Corte Constitucional María Victoria Calle.
La intervención de la magistrada se centrará en el salvamento de voto del fallo proferido por el Alto Tribunal sobre la posible prohibición de la tauromaquia en Colombia. Delegados de la Policía expondrán las nuevas políticas de la institución sobre la defensa animal y la empresa privada.
La idea es buscar consensos y compromisos desde el Gobierno y la empresa privada en lo relacionado con la protección animal y el medio ambiente.
LISTA LA LEY QUE BUSCA DARLES EMPLEO A JÓVENES MENORES DE 28 AÑOS
También ofrecerá incentivos a las empresas para que empleen a mujeres mayores de 40 años.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionará esta tarde la Ley de Primer empleo, una norma que busca incentivar la contratación de jóvenes y mujeres. (Lea aquí un ABC sobre la norma)
La iniciativa fue impulsada por el Partido Liberal en la pasada campaña y sus creadores creen que ayudará a bajar las cifras de desempleo en el país.
En esencia, la nueva norma ofrece incentivos a las empresas que decidan contratar a jóvenes, mujeres mayores de 40 años, madres cabeza de familia, personas con discapacidad y desmovilizados.
"Los empleos deben ser de carácter formal y las empresas recibirán el beneficio de poder descontar el pago de los parafiscales en los impuestos de renta", explica el representante Simón Gaviria, promotor de la norma.
Otra de las ventajas que tendrá la nueva ley es que los trabajadores que tengan contratos de prestación de servicios, con un salario menor a los 2,3 millones de pesos, no se les va a aplicar la retención en la fuente.
"A las nuevas empresas, que tengan menos de 50 trabajadores y activos menores a los 2.500 millones de pesos, no se les cobrará el impuesto de renta en los primeros dos años", añade Gaviria, quien hoy lanza una cartilla explicando esta ley.
Los trabajadores que estén afiliados al Sisben podrán mantener durante un año la afiliación a este sistema.
Los autores de la norma también anuncian un "apretón" a las cooperativas de trabajo, pues obligarán a estas compañías a pagarles a los trabajadores todas sus prestaciones.
De esta forma, el Gobierno y el Congreso se la juegan para tratar de reducir el porcentaje de desempleo en Colombia, que no hay podido ser bajado a un solo digito.
La Ley fue concebida ante un reclamo de la población joven de Colombia y de las mujeres, quienes en los últimos años han tenido dificultad para ingresar o mantenerse en el mercado laboral.
AJUSTES A LEY DE JUSTICIA Y PAZ PROPONE FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
Cuatro años después de la implementación de la Ley fueron condenados los primeros jefes paras: 'Juancho Dique' y 'Diego Vecino'.
Viviane Morales dice que dicha ley es lenta y repetitiva; buscará modificar reglas que la rigen.
Una profunda modificación a la Ley de Justicia y Paz -a la que la Fiscal General, Viviane Morales, calificó como "lenta y repetitiva"- será impulsada ante el Congreso de la República.
Así lo anuncio este jueves luego de alertar por qué detrás de las tres únicas sentencias a jefes paramilitares en Justicia y Paz hay una "talanquera" de más de 24 mil hechos que están en etapa de imputación de cargos y aún no han pasado el trámite para sentencia.
Durante el simposio Retos de Justicia y Paz, organizado por el proyecto Profis del Gobierno Alemán y la Misión de Apoyo al proceso de Paz de la OEA, la Fiscal propuso varios mecanismos para agilizar trámites.
Uno de ellos, que los 'paras' que estén colaborando en Justicia y Paz no tengan que responder ante la justicia ordinaria por los mismos delitos.
"Esto evitará la duplicidad en las investigaciones y la congestión de la justicia", dijo la Fiscal.
También, pedirá que se priorice en la investigación de los hechos más graves y en los paramilitares que más delitos hayan cometido, sin que esto -dice- implique que se "renuncie a la investigación de todos los hechos".
La Fiscal dijo que existe la necesidad de que se excluya a la Unidad de Justicia y Paz de la investigación del daño colectivo, de manera que sean la Procuraduría, la Defensoría y la Comisión de Reparación los que se encarguen de implementar un programa para ello.
"El daño colectivo no responde al daño individual por parte del victimario sino a una conducta colectiva provocada por la situación generalizada de violencia ante la cual resultan mucho más eficaces las medidas administrativas", y reiteró que el Estado es el que debe responder por la reparación.
Sin embargo, la medida más drástica que impulsará Morales tiene que ver con suprimir el número de audiencias de los desmovilizados antes de llegar a la sentencia. En este momento los postulados han confesado su participación en 52 mil hechos y tienen que repetir hasta cinco veces la misma versión antes de ser condenados.
"Estableceremos que el postulado acepte su responsabilidad en una audiencia de imputación ante el Magistrado de Control de Garantías, para pasar de inmediato a la legalización de cargos y a la sentencia".
Esto implicaría suprimir la actual audiencia de formulación de cargos y la diligencia de reparación se haría después de la condena.
CARGOS AL CONTRALOR MIGUEL MORALESRUSSI POR CARRUSEL DE CONTRATACIÓN
La Fiscalía imputará seis delitos al contralor Miguel Angel Moralesrussi, a la ex directora del IDU, Liliana Pardo, y al ex director jurídico del IDU, Inocencio Meléndez.
El escándalo de la contratación estalló luego de que se conocieran grabaciones y testimonios que comprometen a funcionarios distritales y ex congresistas, quienes habrían solicitado comisiones a cambio de la entrega de contratos por obras en Bogotá.
En la investigación por el presunto carrusel de la contratación de Bogotá, el fiscal segundo Germán Pabón solicitará la medida de aseguramiento de los investigados.
Morales señaló que en la audiencia, que deberá ser programada por un juez, se imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión.
Agregó que "esta formulación de imputación es producto de la investigación penal que actualmente se adelanta, con motivo de las presuntas irregularidades relacionadas con los procesos de contratación de distintas obras públicas iniciadas en el año 2007, por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, de Bogotá: fase III de Transmilenio, malla vial y valorización", añadió la Fiscal Viviane Morales.
Anunció también que investiga la responsabilidad de otras 33 personas, entre ellos servidores públicos, contratistas y particulares, en el mismo proceso.
"Se estudian algunas solicitudes de aplicación de principio de oportunidad y la posibilidad de celebrar preacuerdos con varios indiciados", indicó.
LA FISCAL PLANTEA CIRUGÍA A LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Una profunda modificación a la Ley de Justicia y Paz -a la que la Fiscal General, Viviane Morales, calificó como "lenta y repetitiva"- será impulsada ante el Congreso de la República.
Así lo anuncio ayer luego de alertar por qué detrás de las tres únicas sentencias a jefes paramilitares en Justicia y Paz hay una "talanquera" de más de 24 mil hechos que están en etapa de imputación de cargos y aún no han pasado el trámite para sentencia.
Durante el simposio Retos de Justicia y Paz, organizado por el proyecto Profis del Gobierno Alemán y la Misión de Apoyo al proceso de Paz de la OEA, la Fiscal propuso varios mecanismos para agilizar trámites. Uno de ellos, que los 'paras' que estén colaborando en Justicia y Paz no tengan que responder ante la justicia ordinaria por los mismos delitos. "Esto evitará la duplicidad en las investigaciones y la congestión de la justicia", dijo la Fiscal.
También, pedirá que se priorice en la investigación de los hechos más graves y en los paramilitares que más delitos hayan cometido, sin que esto -dice- implique que se "renuncie a la investigación de todos los hechos".
La Fiscal dijo que existe la necesidad de que se excluya a la Unidad de Justicia y Paz de la investigación del daño colectivo, de manera que sean la Procuraduría, la Defensoría y la Comisión de Reparación los que se encarguen de implementar un programa para ello. "El daño colectivo no responde al daño individual por parte del victimario sino a una conducta colectiva provocada por la situación generalizada de violencia ante la cual resultan mucho más eficaces las medidas administrativas", y reiteró que el Estado es el que debe responder por la reparación.
Sin embargo, la medida más drástica que impulsará Morales tiene que ver con suprimir el número de audiencias de los desmovilizados antes de llegar a la sentencia. En este momento los postulados han confesado su participación en 52 mil hechos y tienen que repetir hasta cinco veces la misma versión antes de ser condenados.
"Estableceremos que el postulado acepte su responsabilidad en una audiencia de imputación ante el Magistrado de Control de Garantías, para pasar de inmediato a la legalización de cargos y a la sentencia". Esto implicaría suprimir la actual audiencia de formulación de cargos y la diligencia de reparación se haría después de la condena.
EDITORIAL: LOS LÍMITES DE LA DEFENSA
Es inmenso el daño que actos como el soborno a testigos le infligen a la administración de justicia.
Más que para poner en duda el derecho de cualquier sindicado a tener un defensor, un caso reciente debería despertar una reflexión en el mundo del derecho. En plena audiencia en la Corte Suprema de Justicia, el abogado Ramón Ballesteros fue detenido por el cargo de intentar sobornar a un testigo. Un comprometedor video, hecho público en el recinto del alto tribunal, muestra al apoderado del ex senador Luis Alberto Gil en una negociación con el ex paramilitar David Hernández para que este cambie el testimonio en contra de su representado, por una gran suma de dinero.
La inédita captura confirmó con pruebas fílmicas lo que sospechaban muchas personas con conocimiento cercano a varios procesos de la 'parapolítica': que detrás de las sistemáticas retractaciones de testigos podrían encontrarse multimillonarias ofertas.
La situación es tan preocupante, que la Corte ha solicitado a la Fiscalía investigar una serie de "arrepentimientos" en las declaraciones de antiguos mandos de las autodefensas que terminan por mejorar las perspectivas jurídicas de los políticos involucrados, dentro de los cuales se encuentran algunos representantes y senadores.
Esta criminal práctica es una amenaza seria y real a los cimientos de la justicia y, por ende, de la democracia. Es una extensión inaceptable de las dinámicas mafiosas a las propios recintos y procedimientos de la administración judicial. De comprobarse semejante 'estrategia de defensa', quedará debilitado el esfuerzo de reconstruir con veracidad el capítulo más oscuro de la historia reciente del país: la infiltración del paramilitarismo en la política regional. Con un agravante: fallos exculpatorios eventualmente basados en una mentira liberarían a muchos a pocos meses de la campaña electoral de octubre.
Hay todavía más en juego con el destape de los sobornos. Si bien Ballesteros aceptó los cargos, afirmó que habría incurrido en esa actividad ilegal "en el ejercicio de la defensa de una persona". Sería torpe para el país que tan escandalosa detención desencadenara un debate sobre el derecho de todas las personas, sin importar la naturaleza de sus crímenes, a recibir asesoramiento jurídico. El debido proceso y un defensor son protecciones inalienables del ciudadano frente al Estado.
Estas circunstancias no se ponen en duda ni ante su más descarado abuso. Por eso, la reflexión debe orientarse hacia el mismo ejercicio de la abogacía que, lamentablemente, aparece en múltiples casos de corrupción. Son frecuentes en Colombia las historias de abogados de criminales que no resisten la tentación de involucrarse en los negocios y actividades delictivas de sus clientes. Reputados defensores se convierten, en el transcurso de un proceso, en sonoros protagonistas mediáticos y en promotores de causas ajenas. No es necesario conocer el desenlace final del caso Ballesteros para que despierte una profunda discusión sobre la ética de los abogados.
Este gremio debería estar en primera fila en el esfuerzo de explicarles a los colombianos tanto la importancia como las fronteras definidas de su práctica. Respecto al llamado a la Fiscalía para que investigue con celeridad el cambio en las declaraciones de algunos testigos, se debe aclarar que no toda retractación es producto del dinero ni empaña cada fallo proferido.
Sin embargo, es inmenso el daño que estas acciones le infligen a la administración de justicia, por lo cual se requieren sanciones ejemplares. En especial, cuando muchos profesionales defienden a miles de colombianos sin recibir los miles de dólares que tenía en su oficina Ramón Ballesteros.
¿IDEOLOGÍA MATA RACIONALIDAD?
Rudolf Hommes
Se necesita aumentar la edad de jubilación de todos los que no se han pensionado, para aumentar la cobertura de los que no tienen pensión.
Aumentar la edad de jubilación sí sería una política verdaderamente social y digna.
La controversia sobre el aumento de la edad a la que se pueden pensionar los colombianos que hoy tienen alrededor de 35 años o menos culminó con el entierro de la propuesta que estaba contenida en el proyecto de ley del Plan de Desarrollo. El vicepresidente Angelino Garzón se opuso con vehemencia a esta iniciativa, recibió apoyo de los sindicatos y de los medios, y la idea recibió rápida sepultura.
Garzón celebró este resultado como un triunfo de lo "social". En realidad, la medida habría tenido un efecto social muy favorable porque hubiera liberado recursos para aumentar la cobertura de pensiones, que hoy benefician principalmente a las personas de ingresos altos. El 65 por ciento de la población no tiene acceso a pensiones en Colombia. El quintil más bajo de la distribución del ingreso (QI) tiene una cobertura pensional inferior al 10 por ciento y el más alto (QV) la tiene cercana al 50 por ciento.
Angelino Garzón lo que hizo fue salir a defender los privilegios de los más ricos, como sucede frecuentemente con personajes que son o se creen de izquierda. Lo que se necesita es aumentar la edad de jubilación de todos los colombianos que no se han pensionado, para aumentar la cobertura de los que no tienen pensión. Esa sí sería una política verdaderamente social y digna, porque no estaría volviendo inútiles a los que todavía son plenamente productivos.
Curiosamente, muchos de los que no tienen pensión también están a favor de una jubilación temprana porque quizás aspiran a obtenerla. No se dan cuenta de que si defienden a los privilegiados pierden ellos mismos la oportunidad de obtener un apoyo pensional en la vejez. Esto no es raro. En Estados Unidos, por ejemplo, la clase media y los pobres votan por los políticos que están a favor de recortarles los impuestos a los ricos. Les gusta la idea de bajar los impuestos aunque no se beneficien ellos y se recorten los programas sociales.
En Colombia, como lo destaca Eduardo Lora en un artículo (Dinero del 5 de febrero), las reformas del comienzo de los años 90 "fueron beneficiosas para el crecimiento económico y para el bienestar del grueso de la población, [PERO]fueron rechazadas esencialmente por razones ideológicas". Aparentemente, a los colombianos les nombran neoliberalismo y ven al diablo, sin tener en cuenta lo que está en juego, ni a quién benefician los cambios, aun si es a una mayoría de ellos mismos, como ha sido el caso del aumento de la edad de jubilación o la Apertura.
Otro ejemplo lamentable en el que la ideología y el lobby de unos ricos se impusieron contra la razón y el bienestar general fue la negociación del TLC con los Estados Unidos. Salieron enemigos del libre comercio a hacerles el juego a unos pocos que se benefician de mantener barreras al comercio y a la inversión. Un jefe del gremio que representaba esos intereses mezquinos justificaba su oposición al TLC con la teoría de que las preferencias arancelarias eran mejores para el país porque eran unilaterales. Ahora que no se han renovado, él y los otros responsables de haber boicoteado el tratado están callados. Se dan cuenta del enorme costo de oportunidades para el país que esto representa.
En su momento, cuando se discutía el TLC, llamaba mucho la atención que los sindicalistas colombianos se hubieran aliado con los sindicatos de los Estado Unidos que se oponen al tratado por el temor de perder puestos de trabajo que se ganarían aquí. Hoy se entiende que sirvió para hacer conocer internacionalmente el riesgo que enfrentan quienes defienden a los trabajadores en nuestro país. Lamentablemente, los sectores dirigentes más recalcitrantes prefieren seguir diciendo que eso no sucede aquí y que es un pretexto para no aprobar el TLC.
EL ESPECTADOR
LOS LÍMITES DE LA PROCURADURÍA
Por: Yesid Reyes Alvarado
En los últimos días el país ha seguido la audiencia que se adelanta en la Procuraduría por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.
Como lo que se percibe es que se está procesando a unos funcionarios por la comisión de graves delitos, conviene preguntarse si es la Procuraduría el ente encargado de investigarlos y sancionarlos, o si debe dejar que la Fiscalía se ocupe de ello. Permitir que las dos entidades puedan condenar separadamente a quien ejecuta una conducta contraria a la ley penal, supone violar el artículo 29 de la Constitución, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Frente a esta crítica se suele responder que la esencia de la actividad disciplinaria es diversa a la penal y que el tipo de sanciones que se imponen es distinto. Sin embargo, la prohibición constitucional no admite excepciones ni por la naturaleza del trámite ni por la calidad de la pena; exceptuando las acciones de revisión, nadie puede ser sometido a juicio dos veces por el mismo comportamiento.
El artículo 250 de la Carta Política asigna a la Fiscalía la función de investigar hechos puniblesy formular acusaciones ante los jueces; no hay ninguna norma que autorice a la Procuraduría para desplegar esa clase de actividades. Su función constitucional se reduce a la vigilancia de los servidores públicos en desarrollo de sus labores, lo que circunscribe su actuación a garantizar que cumplan con las obligaciones propias de su cargo.
Es verdad que quien como servidor público viola una norma penal incumple con sus obligaciones laborales, pero eso no autoriza a la Procuraduría para exceder sus atribuciones. Cuando esa situación se presenta, corresponde de manera exclusiva y excluyente a la Fiscalía la investigación del crimen, mientras la Procuraduría mantiene la opción de sancionar al funcionario por una falta disciplinaria, siempre que ella no sea el delito mismo, pues de lo contrario violaría la prohibición constitucional que impide el doble juzgamiento. Si, por ejemplo, un militar abandona su puesto de vigilancia para asesinar a alguien, sólo los fiscales y jueces de su jurisdicción están legitimados para determinar su responsabilidad como autor de un homicidio. Disciplinariamente puede ser sancionado por abandonar su puesto de servicio (incumplió el deber de vigilancia propio de su cargo), pero no por el asesinato, ya que eso supondría juzgarlo dos veces por el mismo hecho.
Comprendo que eso reduce notablemente el poder de la Procuraduría y atenúa su exposición mediática; pero esa es la separación de funciones que establece la Constitución. Si ella se cumple estrictamente, el Ministerio Público no estará tentado a adelantar juicios relámpago para mostrarse ante la opinión pública como el adalid en la lucha contra el delito, tarea que no le corresponde. Y la Fiscalía podrá adelantar con menos presión su trabajo que, dicho sea de paso, suele ser más lento porque requiere el acopio de material probatorio que lleve a un juez al convencimiento de que alguien cometió un crimen. Eso es más garantista que un proceso disciplinario en el que la misma entidad investiga y juzga, pero suele tomar más tiempo.
EL NUEVO SIGLO
LA REFORMA JUDICIAL
Nadie niega que el sistema de justicia requiere un ajuste integral. En la última década la reforma a esta rama del poder público se ha intentado en repetidas ocasiones pero los proyectos respectivos siempre terminaron hundiéndose en los congresos de turno, debido a la dificultad para encontrar consensos alrededor de las modificaciones. Durante el anterior gobierno, el cambio constitucional y legal se hizo imposible por el ambiente de polarización que esa Administración creó con la cúpula de las altas cortes, sobre todo frente a la Suprema de Justicia, que incluso terminó siendo víctima de espionaje ilegal y otros atropellos.
Tras el relevo presidencial y la distensión que el nuevo Ejecutivo institucionalizó con la jerarquía judicial, sobre la base del respeto a la autonomía de los poderes y el acatamiento a los fallos, el tema de la reforma volvió a ponerse sobre la mesa. Incluso, en noviembre pasado el Gobierno creó la Comisión Interinstitucional para la Reforma a la Justicia con el fin de recoger todos los conceptos y recomendaciones de distintos sectores al respecto. En esa instancia tienen asiento los presidentes de los máximos tribunales, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, el Viceministro de Justicia así como los titulares de la Fiscalía y Procuraduría y el Congreso. La idea era buscar los máximos consensos posibles y en menos de tres meses presentar un informe que sirviera de base al proyecto de acto legislativo que, se anunció entonces, debería presentarse en marzo próximo, cuando arranca la legislatura.
Sin embargo, ya estamos a mediados de febrero y el informe de la Comisión todavía no está listo, lo que ha prendido las alertas en varios sectores nacionales. En realidad, las altas cortes, además de una agenda muy apretada y los relevos en sus presidencias y vicepresidencias, han optado por estudiar de manera independiente el contenido de la reforma y sus respectivas propuestas. En el Legislativo, a su turno, la agenda de proyectos ha sido muy amplia y compleja, más aún con la citación a sesiones especiales para hacer control político al estado de excepción por la ola invernal, y luego a extraordinarias para sacar avante varios proyectos clave. El Gobierno, entre tanto, concentró gran parte de sus esfuerzos en atender la tragedia por el fenómeno climático, mientras que la nueva titular de la Fiscalía se posesionó a mediados de enero y la Procuraduría se multiplica en varios procesos por escándalos de corrupción.
Visto ese escenario, es claro que para el 16 de marzo será muy difícil que se pueda llevar al Congreso el proyecto de reforma integral a la justicia. Sin embargo, no hay lugar a mayores preocupaciones. Incluso, en el mismo Congreso se advierte que la agenda de las comisiones primeras de Senado y Cámara está muy congestionada en estos momentos y que lo mejor sería aplazar la presentación del ajuste judicial para el segundo semestre. Lo importante es una reforma integral, coherente, que disminuya los índices de impunidad y congestión, no afecte la independencia de la rama, el acceso ciudadano a una justicia pronta y eficaz y tampoco la especialización funcional de cada jurisdicción.
Esperar tres meses más para aterrizar el borrador del proyecto de reforma, analizarlo a fondo y sin afanes, buscar la mayor cantidad de consenso posible y dejar que en los temas que no se logre acuerdo el Congreso tenga la última palabra, es una salida viable y lógica. No hay que atarse a fechas fatales ni arriesgarse a que la iniciativa termine en una colcha de retazos que lejos de equilibrar el funcionamiento del sistema de justicia, lo desbarajuste aún más
EN UN MES VUELVEN REGALÍAS A AGENDA DEL CONGRESO
Sus autores, los senadores Milton Rodríguez y Jaime Durán, aseguran que el proyecto complementa el que el Ejecutivo logró aprobar.
LAS REGALÍAS que reciben algunas regiones del país como compensación por la explotación de su subsuelo para la producción de minerales como petróleo o carbón, volverán a estar en la agenda del Congreso en marzo próximo.
En diciembre, el Gobierno logró la aprobación en ambas cámaras del proyecto de Acto Legislativo 123 de 2010 Cámara – 013 de 2010 Senado, “por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”.
Ahora, desde marzo, cuando inicien las sesiones ordinarias, en la Comisión Quinta del Senado comenzará a ser debatido el proyecto de Ley 191 de 2010 Senado, “por la cual se modifica la Ley 41 de 1994”, que pretende aumentar los recursos que reciben las regiones por regalías para la explotación de recursos naturales.
“Yo definiría que este proyecto es la otra cara de la moneda” del Acto Legislativo aprobado en diciembre, le indicó a EL NUEVO SIGLO el senador Jaime Durán, del Partido Liberal.
“Mientras el Gobierno Nacional está interesado únicamente en modificar el régimen de regalías desde la óptica del gasto, nosotros pretendemos hacer una gran reforma legal, pero desde la óptica del ingreso, de las tarifas para mejorar el recaudo de estas regalías”.
En otras palabras, la idea es tener más plata que repartir. La iniciativa, de la que también es autor el senador cundinamarqués Milton Rodríguez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), contará con un grupo de ponentes coordinado por la congresista llanera Maritza Martínez, de La U, equipo que tendrá la participación, además de Durán y Rodríguez, de los legisladores Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, y Juan Córdoba, del Partido Conservador.
Según Rodríguez y Durán, el propósito es fortalecer la autonomía fiscal de las regiones y dar un paso adelante en la consolidación de vigencias futuras de los departamentos y los municipios que tengan en su suelo la posibilidad de recibir regalías por la explotación de recursos no renovables.
“La idea es que nosotros podamos poner en marcha una legislación que esté a tono con los estándares internacionales, que podamos mejorar los ingresos del Estado colombiano en términos de renta minero-energética, y que podamos, de alguna, manera hacer que el Estado sea partícipe de esa bonanza que existe en los precios internacionales de los commodities y de esta manera podamos solucionar gran parte de la crisis financiera que hoy tiene la Nación”, explicó Rodríguez.
Para el senador Durán, “actualmente las tarifas que se pagan por regalías son muy bajitas y nosotros queremos que se reconozca, por parte del Gobierno Nacional y de las multinacionales, que hay que reajustarlas” para primero tanto “los ingresos de la Nación” como “de los departamentos y municipios productores”.
“Al aumentar los recursos las regiones productoras recibirían más, así pierdan proporcionalidad con la reforma constitucional” aprobada en diciembre, agregó.
La iniciativa sería el complemento de la que el Gobierno logró aprobar en el Congreso, “porque una cosa es distribuir una riqueza que produce el país y ahora sería aumentar esa redistribución entre productores y no productores”, precisó Durán.
De acuerdo con lo expuesto en el proyecto, la propuesta se fundamenta en establecer un sistema de regalías variables, tanto para hidrocarburos como para explotaciones mineras, que permitirá la explotación de reservas marginales y mejorará la participación del Estado en grandes explotaciones; así, en la exposición de motivos los autores aclaran que “una explotación pequeña se vería muy golpeada por un aumento en las regalías, pero un proyecto de gran minería debería reconocer una retribución más alta al Estado”.
La propuesta es mantener el esquema de regalías escalonadas vigente que permite la explotación de reservas marginales, pero adaptándola, además de a las nuevas realidades económicas mundiales, a la realidad del tamaño de los descubrimientos que se realizan en el país, para el caso de hidrocarburos, y para el caso de minería se retoma la clasificación de pequeña, mediana y gran minería, que tenía el Código de Minas de 1988, en el entendido de que una explotación pequeña se vería muy golpeada por un aumento en las regalías, pero un proyecto de gran minería debería reconocer una retribución más alta al Estado
FISCAL EXPUSO LOS RETOS DE JUSTICIA Y PAZ
Los retos y principales desafíos que enfrenta el ente acusador frente a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, fueron expuestos por la fiscal Viviane Morales Hoyos, en el marco del coloquio de Justicia Transicional.
Resaltó la importancia de buscar, encontrar, identificar y entregar los cuerpos de las personas desaparecidas en Colombia. En ese sentido explicó que “es indispensable incrementar en diez los grupos de criminalística para poder realizar las diligencias de exhumación pendientes. A la fecha se han reportado en todo el país 1.550, y actualmente solo apoyan esta actividad 12 grupos”.
La Fiscal General propuso consolidar el Registro Nacional de Desaparecidos y continuar con las jornadas de atención a víctimas de desaparición forzada, que a la fecha se han realizado en 174 municipios del país.
Destacó la importancia de afianzar el banco genético de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, que a la fecha ha recaudado 14.740 muestras biológicas tomadas a familiares de personas desaparecidas.
Informó que se registran avances importantes en casos emblemáticos como los de La Macarena, Granada y Vista Hermosa, en el departamento del Meta, Marsella (Risaralda) y San José (Guaviare).
Dijo que es importante lograr que los responsables de delitos contra mujeres en el marco del conflicto armado comparezcan ante la justicia. En ese sentido explicó que “se han reportado 600 casos en el proceso especial de Justicia y Paz, cifra que impone un enorme desafío para continuar la tarea de visibilizar a las víctimas de violencia de género y establecer en corto plazo la verdadera dimensión del problema”.
5a Fiscal General explicó que es importante el seguimiento a las investigaciones penales que se originan con destino a la justicia ordinaria. En ese sentido, informó que 429 casos remitidos a esa jurisdicción implican a políticos; 395 a miembros de las Fuerzas Armadas; 155 a otros servidores públicos, y en otros 7.101 casos no estaban categorizados los responsables